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Los beneficios sociales de contar con órganos reguladores independientes no son menores, por lo que se ha buscado la manera de dotarlos de la mayor autonomía posible (en el caso de México, con autonomía constitucional), no sólo para brindar atención a temas como la competencia económica, la protección de datos y la regulación de las telecomunicaciones, que contribuyen a garantizar derechos mediante decisiones técnicas y de alta especialización, sino también para no interferir en su actuar.
En materia de telecomunicaciones, hace casi cincuenta años las principales economías del mundo crearon reguladores con un alto grado de especialización e independencia de los gobiernos y los principales proveedores de servicios, buscando la cobertura universal y el bienestar de los usuarios. Para el año 2000, casi un centenar de países de la Unión Europea, la región Asia-Pacífico y América Latina, migraron hacia reguladores autónomos. Este modelo ha demostrado que entre más independencia y sistemas de rendición de cuentas tengan los reguladores, hay menor riesgo de discrecionalidad y captura en la toma de decisiones, particularmente cuando el Estado es también un proveedor de servicios de telecomunicaciones.
El proyecto de Decreto en comento busca extinguir diversos órganos constitucionales transfiriendo sus funciones a las dependencias de ramo; en el caso específico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Consideramos que esto implica retornar al punto de partida anterior a 1996 -previo a la creación de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones-, que fue un modelo que demostró no ser el idóneo para consolidar la competencia en el mercado de telecomunicaciones y fomentar las inversiones.
Contar con un regulador independiente y autónomo, como se establece además en los compromisos comerciales internacionales signados por México, promueve la certidumbre jurídica que es crucial para la atracción y retención de inversiones en un contexto de nearshoring y, de igual forma, hace eficiente la gestión de trámites y resoluciones relacionadas con la operación de un sector que es por demás dinámico.
CANIETI invita al diálogo y pone a disposición de las autoridades la experiencia de la industria, con el objetivo de que las reformas que pretendan llevarse a cabo cumplan con el propósito de contar con organismos reguladores que promuevan el desarrollo tecnológico, económico, social y equitativo, bajo un modelo de autonomía técnica, que ha demostrado importantes beneficios sociales.
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[1] La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, representa la alta tecnología, la innovación y la digitalización en México, agrupando empresas de todos los segmentos que, en su conjunto, aportan más del 7% del PIB Nacional, contribuyen con más del 30% del total de la inversión extranjera directa manufacturera, además de emplear a más de un millón de personas.
