ESPECTRO / A favor y en contra

1º, de abril

SPECTRO / A favor y en contra

Javier Tejado Dondé

El Ejecutivo envió al Congreso su iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, y las reacciones no se han hecho esperar. El documento, que modifica varias leyes, tuvo una buena recepción por parte de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), organismo que agrupa a operadores como Alestra, Axtel, Bestphone y Nextel. Asimismo, TV Azteca y Telefónica se pronunciaron a favor, igual que la CANITEC, que agrupa a los proveedores de servicios de TV por cable como Cablevisión, Megacable, Cablecom y Cablemás.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la cual congrega a los principales grupos de radio y TV del País, tuvo una recepción mixta sobre la iniciativa. Reconoció el avance para modernizar la industria y para otorgar nuevas concesiones comerciales de radiodifusión luego de 18 años, lo que en sí mismo es un gran paso, pero su directiva señaló que le preocupa lo excesivo de las sanciones por temas relacionados con contenidos; el cobro de contraprestaciones adicionales en la forma de más espoteo gratuito para dependencias públicas (Tiempos de Estado); y el desconocer Tratados Internacionales en materia de derechos de autor.

Televisa avaló parcialmente el avance en los artículos relacionados con las telecomunicaciones, pero también criticó aspectos relacionados con la radiodifusión. En particular, el que se le determinaran obligaciones de empresa preponderante en adición a las que semanas atrás le había impuesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Los partidos en el Gobierno, el PRI-PV, avalaron la iniciativa. El PAN, si bien fue crítico de inicio, en apariencia luego de revisarla, y vía sus coordinadores parlamentarios, pareció dar un cauto aval y dijeron que la estudiarían en el proceso legislativo.

Los más críticos de la iniciativa del Presidente han sido el PRD y América Móvil (Telmex-Telcel). De hecho, sus argumentos parecieran estar en sintonía. Y es que América Móvil no sólo tiene cerca de 80 por ciento del mercado de telecomunicaciones, valuado en más de 35 mil millones de dólares, sino que con los cobros extraordinarios que realiza a consumidores y operadores rivales es cómo ha financiado su expansión global. Así que dilatar cualquier reforma es un beneficio para este grupo.

Legisladores del PRD han tenido reuniones donde la estrategia que han marcado es la de diferir la discusión de estas leyes, incluso hasta 2015. Poco parece importarles la competencia en telecomunicaciones. La actual dirigencia del PRD, al diferir las leyes, pretende ayudar a mantener la posición hegemónica de América Móvil y robustecer su propia presencia en la Cámara de Diputados, que se elegirá de nueva cuenta en junio de 2015. Con ello, el PRD apuesta a una recomposición numérica que le permita que el PRI-PV no tengan, por sí solos, los votos suficientes para sacar adelante cualquier reforma legislativa.

La iniciativa presidencial en términos generales es una buena propuesta, replicando casos exitosos de regulación en varios países europeos, pero contiene algunos elementos riesgosos:

El modelo que la iniciativa propone para los Medios Públicos federales (Canal 11, Canal 22, IMER, Radio Educación y la nueva cadena de TV pública) es desorganizado, pues no da cohesión alguna a la radio y TV gubernamental, mucho menos establece lineamientos para la radio y la televisión de varios estados de la República. Tampoco da directrices para que dejen de ser medios oficialistas y pasen a ser verdaderos medios públicos.

Otro tema son las severas sanciones que establece por incumplimientos en materia de contenidos. No transmitir a tiempo el himno nacional o un comercial gubernamental significa para las estaciones multas sobre un porcentaje de sus ingresos. Lo mismo aplica para quien use un lenguaje inadecuado o transmita un programa fuera del horario de su clasificación. Es común que esta clase de errores se cometan rutinariamente. Con las sanciones que vendrían, no habrá estación o comunicador que se salve de multas confiscatorias.

Un tema a cuidar es el respectivo a la colaboración con la justicia. La iniciativa obligaría a los concesionarios a la adquisición de ciertos equipos y tecnologías que deberán estar disponibles 24/7 para atender requerimientos de geolocalización o de intervención de comunicaciones. Esto puede representar importantes inversiones. También, llama la atención la obligación, que ahora sería de los concesionarios, de bloquear o anular las señales de telecomunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios, cuando esta disposición debiera ser de las autoridades carcelarias.

Finalmente, lo más delicado es la obligación de cooperar con el IFT para combatir la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas o tráfico malicioso. Esta norma puede constituir la implementación de medidas de censura a redes sociales, internet y demás medios electrónicos. Veremos el Senado qué acepta y qué adiciona. Le quedan 22 días para la votación.

Director de Información de Televisa y fundador del IDET.

El texto no necesariamente representa las opiniones de las instituciones mencionadas