Costo espectro no debe ser obstáculo a la inversión

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no cederá a las presiones que generen las empresas, los regulados o grupos de interés, pues aunque son “naturales y legítimas”, la misión del órgano regulador es “alinear los intereses privados con el interés público”, aseguró Adriana Labardini Inzunza, Presidenta Comisionada.

Es legítimo que todos los regulados, las empresas y los intereses de grupo quieran que prevalezca su postura, sus intereses, eso es natural y legítimo, pero lo importante es entender que el rol de un regulador, no es ser un juez que distribuya o repartir concesiones para balancear intereses privados, sino hacer que prevalezca el interés público” precisó.

Entrevistada luego de su participación en la trigésima octava Convención Nacional 2017 de la Canieti, precisó que el interés público es la combinación de una eficiencia en la asignación de recursos escasos, para lograr ambientes de competencia que permitan una rentabilidad a las empresas, siempre propiciando una competencia que redunde en beneficio del consumidor.

Durante su intervención habló de la importancia de asignar mayor cantidad de espectro radioeléctrico bajo un modelo que fomente y no inhiba las inversiones, que impulse una mayor cobertura y capacidad de las redes, y detone competencia de servicios de nueva generación.

La funcionaria habló de la importancia de “hacer un alto y revisar toda la política”, no solo lo que está en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sino también algunas leyes hacendarias, para revisar el costo del espectro, un recurso valioso y escaso, que debe asignarse, así como garantizar un uso eficiente.

Si el costo de uso durante la concesión de 20 años es tantas veces superior a la contraprestación que se paga en las licitaciones, de manera que para los concesionarios, el costo total represente un obstáculo y le impida dedicar más recursos a inversión en infraestructura, a innovación, a mayor cobertura, entonces es necesario hacer una revisión.

Eso no quiere decir que el Estado no deba cobrar por un recurso escaso, pero si tiene que ver con el análisis de ver si su costo tiene un mayor impacto social y económico. Si genera inversión, empresas, servicios, empleos e innovación, la derrama económica incluyendo la fiscal, puede ser muy superior a la que se recauda por derechos y con un bienestar social mucho mayor.

Labardini Inzunza, hizo un llamado para iniciar a la brevedad una plática con la Canieti para establecer diálogos con el IFT, respecto a sus preocupaciones sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “queremos conocer y escucharlos de como las empresas mexicanas van a acceder a los mercados estadounidense y canadiense en la misma medida que aquí se han abierto las puertas”, afirmó.

Tenemos muy claro que el negociador por parte del Estado mexicano es el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía, que pide nuestra asesoría técnica en asuntos que son competencia del instituto, un tema muy relevante pues en el sector hay una serie de aspectos técnicos económicos donde podemos opinar.

Añadió que la tarea del IFT es emitir en tiempo y forma, opiniones técnicas, por lo cual es importante un acercamiento con la Canieti, -al margen de los diversos foros en los que se ha tratado el tema-, para garantizar que los capítulos relacionados con las telecomunicaciones integren adecuaciones en materia de inversión, industria digital y comercio electrónico, en tal magnitud que beneficie a las tres naciones.

Cuestionada sobre si habrá una estrategia especial en el tema de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, destacó que así como se han logrado avances en materia de derechos de los consumidores, tiene igual relevancia garantizar los Derechos constitucionales de las Audiencias, un tema que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se analizan aspectos de competencia, para saber si es facultad del IFT regular temas de tutela de Derechos Humanos o del Ejecutivo Federal.

La Corte determinará en breve como deben coexistir armónicamente, la libertad de expresión tanto de personas como de medios de comunicación, con el derecho al acceso a la información plural y veraz de las personas, de modo que coexistan” ante el aparente conflicto entre dos derechos humanos tiene que darse una resolución que permita la convivencia los dos, precisó

Habló también sobre la importancia que tendrá el documento que está en la cámara revisora (la de Senadores), la minuta de la Cámara de Diputados que aprobó una iniciativa para reformar algunos artículos de la LFTR que sí impactarán directamente en los mecanismos de implementación de estos derechos, y en el sistema de defensoría de las audiencias; uno de los documentos que se pretende reformar es el catálogo de Derechos de las audiencias.

Cuando se pretende restringir un derecho humano, tiene que hacerse un análisis muy detallado sobre la necesidad de concretar ese cambio y que alternativa se tiene para que la modificación sea mínima, y si es proporcional la medida si no hay otras formas de lograr la coexistencia armónica, esperemos que los Senadores tomen la decisión más acertada.

“Hay un principio de progresividad, que impide que un derecho pueda retroceder cuando ya había permeado en la vida diaria”.

La presidenta Comisionada del IFT, se comprometió a que el órgano regulador seguirá trabajando en temas como el reducir barreras de inversión, la aplicación de tarifas asimétricas en el sentido que resolvió la Suprema Corte con el fin alcanzar una competencia efectiva.